RESUMO

Introduction: Research on psychiatric deinstitutionalization has neglected that reforms in this field are nested in a health system that has undergone financial reforms. This subordination could introduce incentives that are misaligned with new mental health policies. According to Chile's National Mental Health Plan, this would be the case in the Community Mental Health Centers (CMHC). The goal is to understand how the CMHCpayment mechanism is a potential incentive for community mental health. Methods: A mixed quantitative-qualitative convergent study using grounded theory. We collected administrative production data between 2010 and 2020. Following the payment mechanism theory, we interviewed 25 payers, providers, and user experts. We integrated the results through selective coding. This article presents the relevant results of mixed selective integration. Results: Seven payment mechanisms implemented heterogeneously in the country's CMHC are recognized. They respond to three schemes subject to rate limits and prospective public budget. They differ in the payment unit. They are associated with implementing the community mental health model negatively affecting users, the services provided, the human resources available, and the governance adopted. Governance, management, and payment unit conditions favoring the community mental health model are identified. Conclusions: A disjointed set of heterogeneously implemented payment schemes negatively affects the community mental health model. Formulating an explicit financing policy for mental health that is complementary to existing policies is necessary and possible.

Introducción: La investigación sobre desinstitucionalización psiquiátrica ha descuidado el hecho que las reformas en este campo se anidan en un sistema de salud que se ha sometido a reformas financieras. Esta subordinación podría introducir incentivos desalineados con las nuevas políticas de salud mental. Según el Plan Nacional de Salud Mental de Chile, este sería el caso en los centros de salud mental comunitaria. El objetivo es comprender cómo el mecanismo de pago al centro de salud mental comunitaria es un potencial incentivo para la salud mental comunitaria. Métodos: Este es un estudio mixto cuantitativo-cualitativo convergente, que utiliza la teoría fundamentada. Recolectamos datos administrativos de producción entre 2010 y 2020. Siguiendo la teoría de mecanismo de pago, entrevistamos a 25 expertos de los ámbitos pagador, proveedor y usuario. Integramos los resultados a través de la codificación selectiva. Este artículo presenta los resultados relevantes de la integración selectiva mixta. Resultados: Reconocimos siete mecanismos de pago implementados heterogéneamente en los centros de salud mental comunitaria del país. Estos, responden a tres esquemas supeditados a límites de tarifa y presupuesto público prospectivo. Se diferencian en la unidad de pago. Se asocian con la implementación del modelo de salud mental comunitaria afectando negativamente a los usuarios, los servicios provistos, los recursos humanos disponibles, la gobernanza adoptada. Identificamos condiciones de gobernanza, gestión y unidad de pago que favorecerían el modelo de salud mental comunitaria. Conclusiones: Un conjunto desarticulado de esquemas de pago implementados heterogéneamente, tiene efectos negativos para el modelo de salud mental comunitaria. Es necesario y posible formular una política de financiación explícita para la salud mental complementaria a las políticas existentes.

Assuntos

RESUMO

Introducción La investigación sobre desinstitucionalización psiquiátrica ha descuidado el hecho que las reformas en este campo se anidan en un sistema de salud que se ha sometido a reformas financieras. Esta subordinación podría introducir incentivos desalineados con las nuevas políticas de salud mental. Según el Plan Nacional de Salud Mental de Chile, este sería el caso en los centros de salud mental comunitaria. El objetivo es comprender cómo el mecanismo de pago al centro de salud mental comunitaria es un potencial incentivo para la salud mental comunitaria. Métodos Este es un estudio mixto cuantitativo-cualitativo convergente, que utiliza la teoría fundamentada. Recolectamos datos administrativos de producción entre 2010 y 2020. Siguiendo la teoría de mecanismo de pago, entrevistamos a 25 expertos de los ámbitos pagador, proveedor y usuario. Integramos los resultados a través de la codificación selectiva. Este artículo presenta los resultados relevantes de la integración selectiva mixta. Resultados Reconocimos siete mecanismos de pago implementados heterogéneamente en los centros de salud mental comunitaria del país. Estos, responden a tres esquemas supeditados a límites de tarifa y presupuesto público prospectivo. Se diferencian en la unidad de pago. Se asocian con la implementación del modelo de salud mental comunitaria afectando negativamente a los usuarios, los servicios provistos, los recursos humanos disponibles, la gobernanza adoptada. Identificamos condiciones de gobernanza, gestión y unidad de pago que favorecerían el modelo de salud mental comunitaria. Conclusiones Un conjunto desarticulado de esquemas de pago implementados heterogéneamente, tiene efectos negativos para el modelo de salud mental comunitaria. Es necesario y posible formular una política de financiación explícita para la salud mental complementaria a las políticas existentes.

Introduction Research on psychiatric deinstitutionalization has neglected that reforms in this field are nested in a health system that has undergone financial reforms. This subordination could introduce incentives that are misaligned with new mental health policies. According to Chile's National Mental Health Plan, this would be the case in the Community Mental Health Centers (CMHC). The goal is to understand how the CMHCpayment mechanism is a potential incentive for community mental health. Methods A mixed quantitative-qualitative convergent study using grounded theory. We collected administrative production data between 2010 and 2020. Following the payment mechanism theory, we interviewed 25 payers, providers, and user experts. We integrated the results through selective coding. This article presents the relevant results of mixed selective integration. Results Seven payment mechanisms implemented heterogeneously in the country's CMHC are recognized. They respond to three schemes subject to rate limits and prospective public budget. They differ in the payment unit. They are associated with implementing the community mental health model negatively affecting users, the services provided, the human resources available, and the governance adopted. Governance, management, and payment unit conditions favoring the community mental health model are identified. Conclusions A disjointed set of heterogeneously implemented payment schemes negatively affects the community mental health model. Formulating an explicit financing policy for mental health that is complementary to existing policies is necessary and possible.

RESUMO

INTRODUCCIÓN: Más de 600 mil personas en Chile viven con obesidad mórbida. La incorporación de intervenciones terapéuticas eficaces, seguras y costo-efectivas es crítica para los sistemas de salud y esquemas de aseguramiento. En el año 2022 se incorporaron al arancel de modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud dos códigos de pago asociado a diagnóstico para cirugía bariátrica: gástrico y manga gástrica. El objetivo fue caracterizar la ejecución del programa de mecanismo de pago tipo pago asociado a diagnóstico de cirugía bariátrica en su primer año de implementación. MÉTODOS: Estudio descriptivo y observacional de abordaje pragmático de la ejecución nacional del pago asociado a diagnóstico en cirugía bariátrica. Se examinaron variables de caracterización sociodemográfica (sexo, tramos etarios y tramos del Fondo nacional de Salud) y caracterización de cirugías según código desagregadas por prestador público o privado, periodo de emisión, gasto unitario, copago, y préstamos médicos, entre marzo y diciembre de 2022. RESULTADOS: Se registraron n = 13 118 cirugías (45,81% versus 54,19% manga), de las cuales n = 2424 (18,48%) emplearon préstamos médicos. Un 85,01% (p = 0,01) de los procedimientos fueron en mujeres; en personas entre 35 y 39 años (20,15%); y 45,12% en beneficiarios del tramo B. El 99,21% de las cirugías se realizó en prestadores privados. Diez de estos concentraron el 50% de la actividad (rango n = 1200 a 426 cirugías anuales; n = 4,8 a 1,7 cirugías por día hábil). El gasto total del programa fue $71 626 948 350 CLP, explicando un 5,04% de la actividad total del Programa nacional de Pago Asociado a Diagnóstico. CONCLUSIONES: La implementación de este bono para cirugía bariátrica benefició a más de 13 mil personas que viven con obesidad, mayormente mujeres, en edades productivas, y con capacidad de compra. Como estrategia de equidad, independientemente de la vía de acceso mediante el bono, será importante cautelar la actividad en la red pública.

INTRODUCTION: More than 600 thousand people in Chile live with morbid obesity. Effective, safe, cost-effective therapeutic interventions are critical for healthcare systems and insurance schemes. In 2022, two bundled payment codes for bariatric surgery (gastric bypass and gastric sleeve) were incorporated into the National Health Fund's free-choice modality fee scheme. The objective was to characterize the execution of this payment mechanism program associated with bariatric surgery diagnosis in its first year of implementation.More than six hundred thousand people in Chile are estimated to live with morbid obesity. Effective, safe, cost-effective therapeutic interventions are critical for health systems and insurance schemes. In 2022, FONASA incorporated two Bariatric Surgery codes into the Free Choice Modality: Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy. Our objective was to characterize the execution of the Bariatric Surgery Bundled Payment Program in its first year of implementation. METHODS: Descriptive and observational study of the pragmatic approach of the national execution of the payment associated with diagnosis in bariatric surgery. We examined sociodemographic variables (sex, age brackets, and National Health Fund tranches) and characterization of surgeries by code broken down by public or private provider, period of issue, unit cost, co-payment, and medical loans between March and December 2022. RESULTS: We recorded n = 13 118 surgeries (45.81% bypass versus 54.19% sleeve), of which n = 2424 (18.48%) used medical loans. A total of 85.01% (p = 0.01) of the procedures were in women, in people between 35 and 39 years of age (20.15%), and 45.12% in beneficiaries of tranche B. Private providers performed a total of 99.21% of the surgeries. Ten accounted for 50% of the activity (range n = 1200 to 426 surgeries per year; n = 4.8 to 1.7 surgeries per working day). Total program expenditure was $71 626 948 350 CLP, accounting for 5.04% of the total activity of the national Diagnosis Associated Payment Program. CONCLUSIONS: The implementation of this bariatric surgery voucher benefited more than 13 thousand people living with obesity, mostly women of productive ages and with purchasing capacity. As an equity strategy, regardless of the access route through the voucher, it will be important to safeguard the activity in the public network.

Assuntos

RESUMO

The unsustainable increases in healthcare expenses and waste have motivated the migration of reimbursement strategies from volume to value. Value-based healthcare requires detailed comprehension of cost information at the patient level. This study introduces a clinical risk- and outcome-adjusted cost estimate model for stroke care sustained on time-driven activity-based costing (TDABC). In a cohort and multicentre study, a TDABC tool was developed to evaluate the costs per stroke patient, allowing us to identify and describe differences in cost by clinical risk at hospital arrival, treatment strategies and modified Rankin Score (mRS) at discharge. The clinical risk was confirmed by multivariate analysis and considered patients' National Institute for Health Stroke Scale and age. Descriptive cost analyses were conducted, followed by univariate and multivariate models to evaluate the risk levels, therapies and mRS stratification effect in costs. Then, the risk-adjusted cost estimate model for ischaemic stroke treatment was introduced. All the hospitals collected routine prospective data from consecutive patients admitted with ischaemic stroke diagnosis confirmed. A total of 822 patients were included. The median cost was I$2210 (interquartile range: I$1163-4504). Fifty percent of the patients registered a favourable outcome mRS (0-2), costing less at all risk levels, while patients with the worst mRS (5-6) registered higher costs. Those undergoing mechanical thrombectomy had an incremental cost for all three risk levels, but this difference was lower for high-risk patients. Estimated costs were compared to observed costs per risk group, and there were no significant differences in most groups, validating the risk and outcome-adjusted cost estimate model. By introducing a risk-adjusted cost estimate model, this study elucidates how healthcare delivery systems can generate local cost information to support value-based reimbursement strategies employing the data collection instruments and analysis developed in this study.

Assuntos

RESUMO

Three years ago, the Advancing American Kidney Health executive order launched a substantial effort with the goals of delaying the progression of kidney disease while also increasing kidney transplantation and the utilization of home dialysis. Included among the initiatives created by this executive order are two new payment models under the supervision of the Centers for Medicare & Medicaid Services Innovation Center. The End Stage Renal Disease Treatment Choices model is a mandatory payment model impacting nephrologists and dialysis providers in many regions across the country. The Kidney Care Choices model offers nephrologists four voluntary options for participation in value-based care. The early experience of two large kidney care organizations highlights the improvements these payment models have demonstrated over prior kidney care payment models while also suggesting additional opportunities for improvement. These models offer nephrologists the opportunity to partner with other providers and deliver patient-centered care across the kidney care continuum. The models represent another step toward value-based care and, if successful, should yield great benefits for patients with kidney disease.

Assuntos

RESUMO

This study compared the incidence of hip fractures before and during the COVID-19 pandemic in Brazil, aged ≥ 60 years excluding all fractures related to any trauma. There was a significant reduction in the number of hip fractures and the length of hospital stay during the period of social isolation. PURPOSE: To compare the incidence of hip fractures before and during the COVID-19 pandemic in Brazil and in the main regions of the country in patients covered by the Brazilian public health care system (SUS). As far as we are aware, no studies have evaluated the impact of COVID-19 pandemic on hip fractures in Brazil. METHODS: Descriptive, cross-sectional study in individuals aged ≥ 60 years who presented with a hip fracture before and during the COVID-19 pandemic and received treatment covered by the SUS. The data were collected from the DATASUS electronic database. We calculated the incidence, mortality, lethality, duration of hospitalization, and average reimbursement associated with the treatment of the fractures. RESULTS: There was a significant reduction in the incidence of hip fractures among individuals aged ≥ 60 years in Brazil during the period of social isolation due to COVID-19. The observed incidence was 15.58/10,000 inhabitants between March and December 2020 and 16.07/10,000 inhabitants in the same period of 2019 (p < 0.005; main decline observed in the age groups > 70 years). The average length of hospital stay reduced from 8.35 days in 2019 to 7.33 days in 2020, following a similar pattern of reduction across all regions. The Southeast was the only region with a significant reduction in mortality during the pandemic (relative risk 0.90, 95% confidence interval 0.84-0.97, p < 0.005). CONCLUSION: During the COVID-19 pandemic in Brazil, the incidence rate of hip fractures and the associated duration of hospital stay decreased among patients aged ≥ 60 years.

Assuntos

Assuntos

RESUMO

BACKGROUND: Determining the clinical effort associated with preparing for revision total hip and knee arthroplasty is necessary to maintain the appropriate work relative value unit rating. We have investigated the work done by the orthopedic surgical team in the days and weeks prior to revision hip and knee arthroplasty using a count of time by team members in the electronic medical record (EMR). METHODS: EMR audit logs were generated, and preoperative work (POW) was calculated for members of the surgical team for 200 sequential revision cases. Independent samples t-tests were conducted to compare total POW for procedure, age, gender, insurance, and health literacy; significance threshold was set at P = .05. RESULTS: POW was 97.7 minutes (standard deviation [SD] 53.1). Surgeon POW accounted for 10.5 minutes (SD 9.3), nurses for 29.9 minutes (SD 34.2), mid-level providers for 22.1 minutes (SD 17.0), and office technicians for 34.1 minutes (SD 35.2). There was no difference in total POW based on procedure (hip vs knee), age, gender, insurance type, or health literacy. CONCLUSION: Revision arthroplasty requires substantial preoperative preparation from the surgical team. Most of this is by nurses, mid-level providers, and office staff. This does not seem to be different for hip or knee revisions or by age and gender. EMR audit logs capture the bare minimum POW required to prepare a patient for revision arthroplasty.

Assuntos

RESUMO

The recent removal of total hip and knee arthroplasty from the Medicare inpatient-only list, COVID-19 pandemic, decreasing reimbursements, and bundled payment programs have all had tremendous impact on the practice of arthroplasty. Surgeons and practices must adapt to these challenges to achieve the ideal triad of quality patient care, low cost to payors, and sustainable financial margins for stakeholders. Here, we review institutional data and present our experience with the changing arthroplasty practice landscape. With the principle of demand matching, arthroplasty surgeons and practices can risk-stratify and shuttle patients in the appropriate operative and rehabilitation setting to optimize quality and efficiency.

Assuntos

RESUMO

OBJECTIVE: Evaluate the impact of a pay-for-performance program on changes in the number of dental procedures performed by public secondary dental care services in Brazil. METHODS: A longitudinal study was carried out with 932 public Dental Specialities Centres (Centro de Especialidades Odontológicas - CEO) that participated in the pay-for-performance Program for the Improvement of Access and Quality of Dental Specialities Centres Services (PMAQ/CEO) and 379 non-CEO centres with secondary dental production. The non-CEO and a group of CEOs did not receive financial incentives from the PMAQ-CEO and served as control groups. Three CEOs groups received additional financial incentives of 20%, 60% or 100% over maintenance values, based on their performance scores. The outcome was the increase (yes/no) in the number of dental procedures between 2011/2013 and 2015/2017. Analyses were carried out using logistic regressions. RESULTS: The number of specialized procedures increased in 48.4% of the services, 44.6% among non-CEO, 52.3% among CEO with no financial incentive and 59.1% among CEO with 100% incentive. The fully adjusted model showed that CEOs receiving 100% of the financial incentive had greater odds of increasing the production of dental procedures (OR = 1.65, 95%CI: 1.09-2.51). Services that increased the number of specialist dentists had (OR = 2.35, 95%CI 1.88-2.94). Municipalities that increased in coverage of private dental insurance had OR = 0.98 (95%CI: 0.94-1.02), and those with higher coverage of primary dental care had OR = 1.02 (95%CI: 0.99-1.05). CONCLUSION: Pay-for-performance may increase the production of dental procedures by CEOs, and mechanisms explaining it must be further investigated.

Assuntos